La organización nacionalista, que denuncia la continuidad de la corrución sistémica del “Principado” con el actual gobierno, ha llevado el informe de la Sindicatura de Cuentas entre la Fiscalía General y está organizando una ronda de contactos con organizaciones asturianas para dar una rempuesta unitaria
Los informes del Tribunal de Cuentas, la sentencia el Tribunal Supremo en el Caso Riopedre y el informe la Sindicatura Cuentas, avalan la existencia de una corrupción sistémica en el “Principado”, siendo la primera vez que las propias instituciones judiciales y de fiscalización españolas se ven obligadas, para evitar responsabilidades propias, a señalar las abundantes irregularidades en la gestión del “Principado”.
El informe que ha presentado recientemente la Sindicatura de Cuentas de Asturies, de fiscalización sobre el estado de la Cuenta General de Asturies de 2018 recoge pruebas de que el Gobierno de Adrián Barbón, las Consejerías del PSOE, los Órganos y Entidades de ellas dependientes cometen todo tipo de irregularidades y hasta posibles delitos en su gestión: boicoteo de la labor de la Sindicatura, falta de contabilidad correcta, doble contabilidad con ingresos procedentes de fondos mineros, expedientes de crédito sin valor legal, ocultación de contratos menores, incumplimiento en el seguimiento los contratos, etc.
Por otro lado, de acuerdo al Tribunal de Cuentas, 1.786 millones de euros están desaparecios, ello es, han tenido un destino opaco e irregular, según se desprende de las cuentas de gestión de los fondos mineros. El Tribunal señala la falta control en el reparto de las ayudas a la minería del carbón entre los años 2006 y 2017 y fija que muchos recursos presupuestarios han desaparecido sin llegar a ejecutarse las medidas a las que iban encaminados.
Otras de las irregularidades señaladas explícitamente en ese informe es la falta de ejecución del 47% de las ayudas entre 1998-2005, ningún plan minero firmado entre 2013-2018, descontrol, discrecionalidad, irregularidades, incumplimiento de requisitos, falta de seguimiento, incumplimiento de condiciones…
Por tanto, desde Andecha interpretan este informe como “una acusación clara de inhibición dolosa, ocultación o complicidad, según los casos, de muchos de los miembros de la Comisión de Investigación sobre fondos mineros que funcionó en 2015 en la Junta General de Asturies. Aquella comisión se reunió durante meses, atendió 67 comparecencias y al final ha rechazado la propuesta de dictamen leaborada por su presidente, disolviéndose sin conclusiones.
Antecedentes de esta corrupción se encuentran en la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Riopedre-PSOE, que señala como corrompido el gobierno asturiano en el tiempo en que fue presidido por Álvarez Areces.
Ante esta situación, que Andecha Astur considera gravísima, están organizando contactos con todo tipo de organizaciones asturianas para organizar una respuesta unitaria contra el actual gobierno y que priorice los esfuerzos legislativos en materia de sectores productivos, empleo, redistribución de la riqueza y crisis demográfica, en la promoción de auditorías de finanzas y adeudamientos públicos, en la lucha contra la corrución y el control de la gestión pública y la transparencia, en la oficialidad de la lengua asturiana y las políticas de escolarización y normalización social de la misma y la superación del marco político que padecemos: una institución, el “Principado”, y un Estatuto de Autonomía impuestos.
Nuria Prendes
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