El caos burocrático y la dependencia legal por parte del «Principado» del gobierno de Madrid obliga a repetir las gestiones de solicitud del IMV a casi 9.000 beneficiarios del Salario Social Básico Asturiano
El IMV llegó como la gran noticia del año para todas las personas en situación de pobreza y fue presentado como un salvavidas para la población cuando se encontraba en situación de emergencia. Después vino el caos, la falta de información, las dificultades para conseguir la documentación en una época con casi toda la administración semicerrada, la no contratación de personal para su gestión y las inherentes esperas, las sorpresas, como que a las familias beneficiarias se les retiraría la prestación por hijo a cargo, la comprobación de que las subidas en los importes no cubren las pérdidas por esta retirada de los «puntos», los retrasos y ahora, como colofón, la obligación de repetir los trámites para casi 9.000 personas cuya solicitud, ya tramitada por el Gobierno de Asturies, es invalidada por el Gobierno de España.
Estas solicitudes corresponden al más de un tercio de los 21.000 beneficiarios del Salario Social Básico Asturiano cuyo expediente debería haberse trasladado inmediatamente, a través de un consentimiento, al INSS. El cambio de normativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que no considera fiable el sistema de verificación asturiano, rechaza ahora este traslado, por lo que deberán repetir su solicitud -información que muchos de ellos no han recibido- perdiendo el derecho al pago retroactivo de los meses no concedidos. A esto hay que sumar los miles de casos de duplicación, esto es, de familias que por error administrativo están percibiendo importes tanto del IMV como del SSB, sin que tengan forma de saber si deberán devolver esos importes -la mayoría- o si son complementarios.
Pero, aparte de los perjuicios personales a los solicitantes, hay que considerar los generados para Asturies: de no reconocerse la retroactividad de estos expedientes, el Estado no reintegrará a Asturies el dinero adelantado por el Principado en forma de SSB, que teóricamente debería ser abonado por el Estado en concepto de IMV, un total de más de 32 millones de euros hasta el momento. Además se prevé un nuevo colapso tanto en la Seguridad Social como en el sistema de Servicios Sociales, ya sobrecargado de tareas administrativas.
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