El Gobierno de Asturies ya procedió a regalar a las empresas eléctricas una prórroga en la validez de las autorizaciones ambientales que tenían aprobadas para sus numerosos parques eólicos y ahora se habla de ampliar la permisividad de las condiciones para varios concejos del Sur Occidente, donde ya existen numerosas instalaciones funcionando, proyectadas o en construcción
El anuncio de la modificación de las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio para el aprovechamiento de la energía eólica publicado en el Bopa no responde a las alegaciones presentadas en la fase de consultas por los ecologistas, aprobándose una propuesta de modificación de la ley para la instalación de parques eólicos en zonas actualmente excluidas por sus valores naturales o arqueológicos, que beneficiaría a eléctricas e intermediarias con un enorme coste para el patrimonio asturiano.
Con esta reforma se abriría la puerta a la instalación de los mismos en territorios protegidos, no solo a nivel nacional, sino internacional al ser muchos de ellos catalogados como LIC (lugares de importancia comunitaria) por su potencial contribución a restaurar el hábitat natural, incluyendo los ecosistemas y la biodiversidad de la fauna y flora silvestres.
Asturies ya sufre las consecuencias de la fiebre del viento, una fuente de energía inicialmente favorable al medio ambiente por ser 100% renovable, pero que deja de serlo cuando para su instalación se dañan irremediablemente ecosistemas, paisajes y bienes culturales de valor inestimable. Actualmente en Asturies funcionan una veintena de parques eólicos, a los que se suma n otra docena en construcción y varias decenas de proyectos de nuevos parques. Esta tramitación fragmentada del despliegue de la energía eólica en multitud de pequeños proyectos implica la pérdida de la necesaria visión global, ignorando el efecto acumulativo y sinérgico de la instalación de numerosas decenas de aerogeneradores, líneas eléctricas y subestaciones eléctricas, vulnerando el sentido de la Evaluación Ambiental Estratégica que las directivas comunitarias establecen y pudiendo suponer, según la CEA, un fraude de ley ante la legislación de impacto ambiental (tanto de planes como de proyectos).
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