Asturies ha comenzó el curso 20/21 con 82 puestos de Pedagogía Terapéutica y 69 especialistas en Audición y Lenguaje menos, solventándose esa reducción de personal con horarios y criterios restrictivos que perjudicaban tanto a los docentes como a los colegiales
En aquel momento, a raíz de la publicación de la circular de inicio de curso, el Sindicato Asturiano de Enseñantes SUATEA denunció públicamente los criterios dictados en las instrucciones para elaborar los horarios de las maestras de estas especialidades, por considerarlas no solo restrictivas y carentes de sentido, sino por perjudicar gravemente la atención especializada del alumnado.
Tanto la LOMCE (art. 71) vigente en aquel momento, como la actual LOMLOE establecen, además del
principio de inclusión, que corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. Y esto lo recoge, además el texto de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España en 2007.
«Lo que reclamaron, por un lado, las familias, en tanto que derecho fundamental de sus hijas e hijos,
como, por otro, el propio profesorado y SUATEA, era simplemente eso, que se hiciera cumplir la Ley en
lugar de restringir la atención especializada, inventándose criterios peregrinos en una circular.
Resulta lamentable que la actual Consejería, así como las anteriores, haya preferido hacer caso omiso de
las reclamaciones que durante años lleva haciendo la comunidad educativa en contra de los criterios
economicistas impuestos para ahorrarse maestras de PT y AL y, con ello, precarizar la atención educativa del alumnado que más lo necesita, así como las condiciones laborales de estas especialistas» declaran desde SUATEA
El sindicato ha demandado judicialmente estos hechos y celebran la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturies, que declara ilegal varios de los criterios incluidos en la circular de inicio de curso y exigen que se tenga muy en cuenta en la redacción de futuras normativas sobre inclusión y equidad educativa.
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