Está acusado de delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio en la tramitación de las obras llevadas a cabo entre Llananzales y el Puertu de Piedrafita
La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies ya había denunciado en el 2.016 la ampliación de un senda peatonal (PR) hasta convertirla en una pista de 9 Km, que va desde la localidad de LLananzales hasta el Puertu de Piedrafita, una zona de alto valor natural propuesta para su inclusión en los Lugares de Interes Comunitario. El Ministerio Público ha encontrado indicios razonables de delito en la actuación del alcalde, David Moreno, y del entonces concejal de Ganadería del consistorio allerano, así como a todos los funcionarios autonómicos que puedan ser responsables de los hechos a partir del resultado de la instrucción que realice el juzgado de Ayer
La anchura de la pista supera actualmente los 7 metros, habiendo sido necesario para esta ampliación la tala indiscriminada de arbolado de gran valor natural. Según recoge la denuncia interpuesta por los ecologistas, para la realización de estas obras, que afectan a terrenos clasificados como No Urbanizables, en la categorías de Especial Protección, Especial Conservación y de Interés Agropecuario, no existió proyecto técnico de obras, autorización ambiental, autorización previa de la CUOTA ni licencia urbanística municipal, documentos todos imprescindibles antes de acometer unas obras de estas características.
El Servicio de Montes de la Consejería de Desarrollo Rural y Recurso Autóctonos así como la Confederación Hidrográfica han procedido ya el año pasado a la apertura de expedientes sancionadores.
La existencia de una factura, otorgada por el Interventor del ayuntamiento de Aller, previa aprobación de la Alcaldía que recoge el pago a una entidad sin especificar de un importe de 5.082,00 Euros, en concepto de “días de obrero palista” referente a la Obra “pista Llananzanes-Piedrafita” demuestra la participación de municipal en la obra.
Este no es el único litigio que pesa sobre David Moreno, que fue juzgado la semana pasada por otra causa -en la que se enfrenta a diez años de inhabilitación- por prevaricación, por la presunta concesión irregular de ayudas públicas a la Asociación para la Enseñanza y Promoción del Deporte.
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