El día 4 de diciembre finalizaba el plazo legal para que  “todos los bienes, servicios y entornos de interés fueran accesibles”, sin que se cumplan estos requisitos en innumerables edificios e instalaciones públicas

Durante la celebración el 3 de diciembre del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, varios colectivos han hecho notar la persistencia de dificultades, discriminaciones y exclusiones relacionadas con la inexistencia de las condiciones mínimas exigibles o con las carencias de accesibilidad universal, que constituyen obstáculos muchas veces insalvables para llevar una vida independiente y alcanzar una completa inclusión en la comunidad.

Han advertido que desde la discapacidad organizada “se denunciarán administrativamente y se demandarán judicialmente las violaciones de derechos por falta de accesibilidad universal; se exigirá la actuación de los poderes públicos para corregir las graves y extendidas deficiencias aún persistentes, y se promoverá con mayor firmeza la toma de conciencia del valor de la accesibilidad por parte de la sociedad y de todos sus operadores y agentes.”

En Asturies, el Colegio de Arquitectos cifraba en alrededor 12.000 los edificios que contaban hace 4 años con algún tipo de barrera arquitectónica. Desde la probación de la ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana del año 2013 han sido casi 4.000 edificios los que han realizado obras para eliminar estas barreras, además de numerosas intervenciones para mejorar las condiciones de la vía pública en ese sentido que han convertido a Xixón y Uviéu en dos de las ciudades más accesibles de la Península. Sin embargo, son más de 8.000 los edificios restantes –entre ellos muchos pertenecientes a organismos oficiales, colegios, museos, estaciones y comercios- que continúan en las mismas condiciones y las asociaciones ya avisan de que van a dar guerra “hasta que se cumpla la ley y se alcance la accesibilidad 100%”.

La accesibilidad universal es una obligación consagrada en nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas hace algo más de una década y que es de obligado cumplimiento para los países que la han ratificado.

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