Quiere que se aplique la “contratación pública responsable social y medioambientalmente” en consonancia con la nueva ley de contratos públicos

La contratación de obras, servicios, suministros y otras prestaciones para la consecución de los fines que le son propios  es una de las principales actividades desarrolladas por los poderes públicos. Ésta  puede y debe ser considerada una técnica que permite conseguir objetivos sociales, ambientales o de investigación. Es por ello que presentamos una moción para, en consonancia con la normativa europea y la nueva Ley de Contratación en el Sector Público instaurar en Noreña la denominada “contratación estratégica” y la “compra pública responsable”, que incluye  la “compra pública social” y la “compra ética y verde».

Conceptos como “contratación o compra pública responsable”, entendida como aquella que aspira al impulso y fomento por el contrato público correspondiente de una mayor responsabilidad ética, social o medioambiental y la “contratación pública verde”, entendida como un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de otras con la misma función primaria que se adquirirán en su lugar, deben ser plenamente incorporados a la práctica diaria de las administraciones públicas europeas lo cual incluye lógicamente a los ayuntamientos.

En la normativa comunitaria hay una evolución constante, con el objetivo de profundizar en una contratación socialmente más responsable, que incorpore en los procedimientos de contratación objetivos específicos de política social, como fomentar la estabilidad y calidad del empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la responsabilidad social de las empresas, las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, la inserción de personas con diversidad funcional, la protección del medioambiente, etc. La entrada en vigor que se produjo el 9 de marzo de 2018 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, abre interesantes vías de trabajo en este sentido. En dicha ley se señala que se pueden incluir en los contratos públicos consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación y desarrollo, tanto al diseñarse los criterios de adjudicación, como criterios cualitativos para evaluar la mejor relación calidad-precio, o como condiciones especiales de ejecución. En particular, en el caso de las condiciones especiales de ejecución, la Ley impone la obligación de establecer en el pliego al menos una de las condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental, social o relativas al empleo que especifica:

• Hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad;
• Contratar un número de personas con discapacidad superior al exigido por la legislación;
• Promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social;
• eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad en el trabajo
• favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar
• combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración;
• favorecer la formación en el lugar de trabajo;
• garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables
• medidas para prevenir la siniestralidad laboral;
• consideraciones que busquen favorecer a los pequeños productores de países en desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables tales como el pago de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial.

El marco normativo recomienda y obliga a las administraciones públicas a integrar estos preceptos y realizar un esfuerzo por adaptarse a diseñar y planificar las contrataciones de servicios, suministros y obras con una visión estratégica. Desde Conceyu Abiertu por Noreña, mediante esta moción queremos trasladar la necesidad y el interés de emplear las herramientas y mecanismos que ofrece la LCSP 2017 desde la administración municipal de Noreña ya que consideramos que ello irá en beneficio de una sociedad más justa y ética y para ello proponemos una serie de acuerdos  dirigidos a materializar y concretar estas nuevas prácticas en el ámbito del Concejo de Noreña:

1. Que los órganos de contratación incluyan clausulado de carácter social y/o medioambiental en contratos menores incluyendo dichas cláusulas en el expediente fijando el objeto, condiciones y especificaciones técnicas del contrato en cuestión
2.  Elaborar una Instrucción de aplicación compuesta por un catálogo de posibles alternativas, condiciones, criterios o elementos sociales, de empleo o medioambiente que permita a los órganos de contratación poder incorporar aquella/s que resulten más convenientes para el contrato que se trate, cuidando de atender a lo que se establece en el punto 4 y de elaborar la misma mediante un proceso lo más participativo posible y en todo caso con un proceso de información pública.
3. Fijar los porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción
4. Tener especial sensibilidad con las políticas de igualdad, de conciliación de la vida familiar y laboral y de acceso al empleo de personas con diversidad funcional y personas con dificultades para acceder al mercado de trabajo así como con la defensa del medioambiente y el empleo de las mejores prácticas posibles a la hora de incluir clausulado de carácter social y/o ambiental.

Nuria Prendes

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