Llucía Fernández, candidata de Andecha Astur, ha denunciado la ineficiencia del actual procedimiento de concesión de la Renta Social en Xixón, que en 7 meses ha revisado las solicitudes de tres días
A día de hoy siguen sin resolver la mayoría de las solicitudes de Renta Social tramitadas en noviembre y diciembre del año pasado. Aún esta semana se han dado a conocer nuevas listas, correspondientes a las solicitudes cursadas los días 7 y 8 de noviembre, es decir, que de diciembre a aquí se han gestionado nada más las correspondientes a los tres primeros de los 30 días en los que se ha recogido documentación para solicitar este servicio social. La mayoría de los beneficiarios a quienes ya se les reconocido el derecho aún no un han recibido fisicamente la tarjeta.
Andecha Astur recalca que la prioridad es crear puestos de trabajo no precarios que hagan innecesarias este tipo de ayudas o que por lo menos reduzcan al mínimo el número de familias que se ven forzadas a depender de ellas para llevar una vida minimamente digna, pero mientras tanto, la Renta Social debe seguir vigente. “La tarjeta de la Renta Social es uno de los mejores proyectos sociales puestos en marcha en el concejo de Xixón en los últumos años, aportando dignidad y un nivel de vida mejor a miles de personas en situación de necesidad, al tiempo que ha revitalizado el comercio local”. Por tanto, proponen que este modelo se extienda a otros concejos asturianos.
Para la candidata, que reconoce el acierto de esta medida, es imprescindible tomar medidas que garanticen tanto la continuidad como su correcta gestión, agilizando los trámites con la asignación de más personal para los mismos y actuando de oficio en los casos en los que la situación familiar sea conocida “no tiene sentido que una familia perceptora del salario social o de ayudas de emergencia tenga que entregar para que sean revisados infinidad de documentos para justificar una situación que ya está sobradamente justificada por la misma percepción del salario social”.
También recalcó en la necesidad de evitar situaciones humillantes e innecesarias, como las horas de masificación que han tenido lugar en los centros de recogida de documentos cuando se supo que se entregarían por orden de recepción en lugar de por orden de necesidad, cuestión esta a la que no encuentra lógica “es imprescindible priorizar en todo momento a aquellos ciudadanos que se encuentren en una situación más desfavorecida, no a quienes primero han llenado un documento. En ese sentido, consideramos imprescindible dar prioridad a las familias monomarentales/monoparentales, por ser estadísticamente las más afectadas por la pobreza”.
Solicitan también la eliminación del punto 3.6 A, en el que se recoge como requisito “que la UECI tenga unos ingresos iguales o superiores a la cuantía que figura en el siguiente cuadro” por considerar que unos ingresos demasiado bajos no puede ser óbice para recibir una ayuda destinada, precisamente, a aquellos en mayor riesgo de exclusión e insisten en la necesidad de ejercer un severo control para evitar tanto la concesión inadecuada como su utilización fraudulenta, sancionando en estos casos tanto al beneficiario que ha incurrido en fraude como al establecimiento que ha actuado como cómplice.
Nuria Prendes
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