El abogado británico experto en derecho internacional y derechos humanos, Ben Emmerson, ha presentado en Febrero del 2018 una comunicación al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que depende de la Oficina de derechos Humanos de la ONU, para que valorara si la situación de prisión preventiva vulneraba los drechos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La rempuesta es que sí.

El dictarmen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria reclama la liberación de los presos políticos e indemnizaciones por parte el gobierno español

Una carta de 19 páginas recoge el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que depende de la Oficina de derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En él se reclama la liberación del cabecilla de ERC y recién elegido europarlamentario por Agora Repúblicas, Oriol Junqueras, del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y del espresidente del ANC, Jordi Sànchez. En los últimos años, las Naciones Unidas han hecho 245 resoluciones cuestionando situaciones de presos políticos. En todos los casos, tras la resolución, los países han dejado libres a los presos.

A raíz de su liberación, la resolución afirma que tendría de indemnizárseles económicamente por la privación de libertad padecida sin sentencia, algo que califica de arbitrario, por estar destinado a “Reprimir miembros de grupos políticos para silenciar su reclamación en favor de la autodeterminación” a través de una detención que va “en detrimento de los principios de igualdad de los seres humanos”. Insta también al estado a hacer una investigación “exhaustiva e independiente de los hechos”.
En ese sentido, demandarán al gobierno español informacion sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto a las recomendaciones hechas: si ponen en libertad a los presos políticos, si se han concedido las indemnizaciones, si se investigan las violaciones de derechos humanos o si se han hecho las reparaciones legislativas eviten la repetición de estos hechos, entre otras posibles medidas.
El Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitrària es una entidad vinculada a la ONU, formada por expertos independientes en derechos humanos, que estudia casos de posibles violaciones de la normativa internacional. Concretamente, investiga situaciones de arrestos y detencions arbitrarias por parte de los estados. Actualmente lo componen Guevara Bermúdez, en representación de Mèxico, Leigh Toomey (Austràlia), Elina Steinerte (Letònia), Seong-Phil Hong (Corea del Sud) y Sètondji Adjovi (Benigno).

Llucía F. Marqués

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