Los hechos están probados, la sentencia dictada. Los condenados están libres y los asturianos no hemos recuperado el dinero robado. El paraguas del PSOE es grande y atecha bien

Diez años después de una de las tramas de corrupción, aljudicación irregular de contratos y robo de fondos públicos mayores de las muchas que salpican al ejecutivo asturiano y dos años después de la sentencia, los responsables del «Caso Marea», con penas de hasta 40 años de cárcel, siguen libres.

Los 1.079 folios de la sentencia concluyeron, en el 2017, que el «Principado» albergó efectivamente una descomunal trama de corrupción en la que están implicados altos cargos del gobierno asturiano de la era del socialista Vicente Álvarez Areces -que «no sabía nada»-.

El retraso en la resolución del recurso -en el que la defensa pide que se consideren ilegales las escuchas telefónicas y los registros hechos en la investigación, que inculpan sin lugar a dudas a los acusados-, continúa demorando el ingreso en la cárcel de los 7 condenados, que siguen en «libertad condicional» a pesar de la sentencia de septiembre del 2017 que, con 1.079 folios de pruebas, ha concluido, hace ya dos años, que el «Principado» albergó una  trama de corrupción, con ocho responsables penales entre los que el juzgado reparte 40 años de prisión y multas que se acercan a los 7 millones de euros. Además, quedaba pendiente de calcular el importe que tienen que devolver a las arcas públicas, ya que el «Principado», en un nuevo acto de fidelidad a su gente, no ha presentado a tiempo la valoración económica de daños y pérdidas.

La sentencia condena al exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre (PSOE) y a su número dos en el departamento, María Jesús Otero, a 6 y 9 años y medio de prisión, respectivamente, e impone también 9 años de cárcel a la funcionaria Marta Renedo Avilés por su participación en la trama de adjudicación irregular de contratos.

Además, han sido condenados a un total de 15’9 años de prisión los cuatro empresarios implicados en el caso – Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín; Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones,Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo; y José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería- así como un funcionario del Ayuntamiento de Mieres, al que se le impuso una multa de 1.800 euros por cohecho.

A estos alturas los implicados continuan con su vida sin mayor complicación -exceptuando el cierre de su empresas, con el consiguiente despido de los empleados, hasta ahora quienes más caro han pagado por este caso-. Riopedre se acerca a los 80 años, agradeciendo sin duda la escasa memoria política de los asturianos y la capa protectora que su difunto camarada, Areces, dejó bien extendida sobre sus hombros.

Llucía F. Marqués

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