El lunes 16 tendrá lugar el juicio a los Once solidarios del Reconquista; los trabajadores hacen un llamamiento a concentrarse a las puertas del juzgado para dar su apoyo para los acusados, a los que se les pide cárcel y multas por denunciar públicamente las condiciones laborales que padecen
La gestión del hotel por el Grupo Hotusa, desde el 2.014, es fuente de conflictos continuos: la explotación laboral en el Hotel Reconquista ya había sido condenada en el 2017, cuando el Tribunal Supremo falló a favor de la trabajadora Raquel Agüeros, expresidenta del comité de empresa y víctima de acoso laboral por su denuncia de las condiciones de explotación que se padecen en el emblemático hotel. Posteriormente, el 10 de Enero del 2018, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturies declaró su despido improcedente.
En la rueda de prensa convocada en el Hotel para la presentación de FITUR, al día siguiente de conocerse esta última sentencia, una multitud de personas entraron con pancartas a la voz de “Todos somos Raquel”. La protesta, que no solo apoyaba a Raquel sino que denunciaba la explotación laboral en el Reconquista y la desidia del “Principado” al consentirla, duró exactamente 6 minutos y se desarrolló en completa calma, como recogen con claridad los videos difundidos en prensa después de la acusación.
En el video puede verse como entran pacíficamente con dos pancartas y, tras pedir disculpas a la prensa por la interrupción, Marco Antuña -sindicalista- toma la palabra para denunciar las prácticas laborales en el Reconquista y la pasividad del “Principado”, recordando que la titularidad del Hotel es pública aunque su gestión sea privada. En el video puede verse también que en la entrada a la sala (instante en que se ha producido la supuesta agresión) no ha habido ningún enfrentamiento y que los únicos momentos de tensión han tenido lugar unos minutos después, cuando parte de los asistentes a la rueda de prensa se han levantado pegando voces e interrumpiendo a Marcos Antuña, pero tampoco entonces hubo respuesta violenta por parte de los trabajadores, que abandonaron la estancia cuando aún no un habían trascurrido 6 minutos desde su entrada. Otro video, aportado como prueba, recoge los momentos previos a la entrada, dejando claro que ni hubo gritos previos (como denuncia la acusación) ni agresión al pasar junto a la directora (que aparece en video con las manos en los bolsos) y el sindicalista de la UGT. El Hotel cuenta con el video íntegro de los hechos, grabados por las cámaras de seguridad, pero no lo aporta al juicio.
La Fiscalía, apoyada por UGT, pide para los once imputados multas que van de los 2.200 a los 2.500 € por delitos de desórdenes públicos, amenazas y maltrato de obra, por una supuesta agresión a la entonces directora del centro, que pide además 6.000 € por daños morales. Más de 3.500 € por minuto por denunciar los abusos que padecen.
Para los denunciados no puede pasar desapercibida la implicación de la UGT en la acusación, posicionándose en contra de los trabajadores y a favor de la empresa, una postura que define la actuación general de este sindicato en buena parte de los conflictos laborales.
Llucía F. Marqués
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