La primer reación del gobierno del «Principado» al conocer los contenidos del estatuto ha sido considerarlo «adecuado», a pesar de discriminar gravemente a la industria asturiana
el objetivo del Estatuto del Consumior Electrointensivo es en principio mejorar la competitividad de las industrias con gran consumo de electricidad, que han llegado a padecer diferenciales con sus competidor de Francia y Alemania de hasta 20 euros/megavatio hora (MWh), pero de hecho lo que está es creando una brecha bien grande entre los territorios del mismo estado español, beneficiando muy especialmente a vascos y catalanes, cuyos gobiernos han sido capaces de negociar condiciones mucho mejores que las alcanzadas por el gobierno del «Principado».
Los vascos, en concreto, consiguen para su industrias un «doble privilegio», al sumar la rebaja recién conseguida al ahorro que tienen desde el 2018 gracias a la modificación de los llamados «peajes de acceso», que implican unos cien millones de euros menos al año en su factura eléctrica. El estatuto beneficiará a unas 600 industrias vascas -frente a las 19 asturianas- con alto consumo eléctrico a las que se bonificará en un 85% los cargos de su factura, algo que les supondrá un ahorro conjunto que se calcula en más de 262 millones de euros. La pregunta que se plantean ahora mismo empresarios y sindicatos no es porque los vascos tienen estos beneficios, sino porque no se han conseguido apoyos equivalentes para las empresas asturianas.
La consecuencia para Asturies la es puesta en entredicho de la continuidad del funcionamiento de empresas que precisan de un elevadísimo gasto eléctrico, como es el caso de Arcelor, Azsa o Aluibérica, -de las que depende el puesto de trabajo de miles de asturianos. En cambio, la primer reacción del «Principado» al conocer las condiciones del estatuto ha sido positiva, valorando que «cumple con los principales objetivos: dar estabilidad a la tarifa y mejorar la competitividad de la gran industria» y no ha sido hasta que los empresarios industriales lo exigieron que se han decidido a presentar, junto con Galicia y Cantabria, alegaciones al mismo.
Nuria Prendes
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