El Código Civil impide renunciar a una herencia sin fallecimiento previo, o renunciar solo a una parte, por lo que las declaraciones de Felipe VI no pasan de ser un acto nulo con el que intenta engañar a la población

El desprestigio de la casa real española en la última década ha acabado con la imagen del Campechano, el «gran hacedor de la democracia española, padre de la Transición, héroe del 23F», ahora conocido por sus presuntas corruptelas, evasiones fiscales, gasto injustificable de fondos públicos y también presunto jefe de la mafia en el servicio de inteligencia de España, añadiendo siempre el presunto gracias a que los grandes poderes españoles no permiten juzgarlo. Su hijo sigue sus pasos, no cae la manzana lejos del árbol y la marca Borbón tiene mucha historia, pero no desisten en sus intentos de lavar su imagen, como el protagonizado por Felipe VI estos días:

Ante la información difundida en los periódicos The Telegraph y Vozpópuli en los que el monarca y sus hijas figuran como beneficiarios de dos fundaciones investigadas en Suiza en una causa por presuntos delitos de blanqueo de capitales, el Rey de España anuncia que echa a su padre «por corrupción» y que él renuncia a su herencia paterna. En realidad este es un acto nulo, sin contenido legal, según informan legalistas de todo el reino.

El Código Civil español recoge en su artículo 991 que no se puede renunciar a una herencia de una persona no muerta y en el 990 que no es posible renunciar solo a una parte de ella. Como estamos seguros de que de la corona no va a renunciar, estaríamos en un caso de renuncia parcial, y como el emérito nos tememos que siga vivo, tampoco sería viable. Además, en caso ser legal su renuncia, la ley no le permite renunciar a las legítimas de sus hijas.

Toda esta información está sin duda en manos del monarca, por lo que él sabía sobradamente que su es un acto carente de valor, una imagen para la galería y por tantu, una tomadura de pelo.

En el caso investigado en Suiza se encuentran documentos que declaran como beneficiarios de las fundaciones denunciadas no solo al Rey de España sino a la princesa y a la infanta, así como a las hermanas del monarca, estipulando que en caso de muerte de Felipe de Borbón y Grecia «la fortuna de la fundación deberá ser atribuida a los herederos legales nacidos o que nacieran de una unión legal».

Todo atado y bien atado.

Llucía F. Marqués

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