La precarización tanto de los puestos de trabajo como del servicio prestado es la principal consecuencia de la privatización de servicios sociales como el de atención a las personas mayores
Las protestas de las trabajadores de los centros de día por las precarias condiciones laborales y la incomprensible falta de convenio se remontan a mucho antes de la crisis sanitaria, pero con ella su situación se agrava considerablemente.
El 13 de marzo, ante el estado de alarma, tuvo lugar el cierre de los Centros de Día de Persones Mayores adscritos a la Administración de Servicios Sociales y Bienestar de Asturies, siendo comunicado a las trabajadoras la solicitud de un ERTE. Tres de las cuatro empresas de las que depende este servicio -Gerusia, Eulen y Aralia- ingresaron ese mes nada más la nómina correspondiente del uno al 13 de marzo, dando por supuesto por el silencio administrativo y la aprobación del ERTE e informando a las empledas que cobrarían del SEPE a partir del 14 de marzo. Sin embargo, las trabajadoras no recibieron ninguna comunicación del Servicio Público de Empleo que corroborare este punto.
A partir de aquí la situación varía en función de la empresa responsable, ya que mientras los contratados por EULEN cobran efectivamente del SEPE, la empresa Gerusia recibe con fecha de 29 d’Abril la notificación de rechazo del ERTE pasando a considerarse que sus empleadas continúan en situación de alta laboral desde el mismo 14 de marzo, ininterrumpidamente. Por su parte, Aralia y Clece siguen sin dar noticias, sumando ya dos meses en esta situación.
Les versiones aportadas por los sindicatos UGT, USO y CCOO de parte de la empresa son varias y diferentes, lo que contribuye a la incertidumbre. En la primera de ellas se comunicó que en la primer semana de mayo cobrarían lo adeudado de marzo y a lo largo del mes el resto, sin que por agora se hayan producido esos ingresos. En la última se les informa de que la empresa está esperando a que la administración de solución a la situación generada por el retraso en la tramitación. La suspensión del ERTE implica que los contratos siguen en vigor y que la empresa no recibirá indemnización por parte del erario público, lo que no es óbice para que la empresa cumpla con sus compromisos, especialmente teniendo en cuenta que en las cláusulas de la contratación se incluye que la misma tiene la obligación de contar con una provisión de varioss meses de salarios con los que hacer frente a situaciones como la actual.
Entantu, les emplegaes siguen ensin cobrar ya ensin saber cuandu cobrarán.
Nuria Prendes
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