El inventario, solicitado en numerosas ocasiones por el Grupo de Inmatriculaciones Asturies, está en posesión del “Principado” y del gobierno de España, que se niegan a hacerlo público
Desde 1946 y hasta hace cinco años la iglesia católica ha tenido la prerrogativa de inscribir en el Registro la Propiedad bienes inmuebles aportando nada más una autocertificación eclesiástica y sin ningún título de propiedad. Sin publicidad, sin abrir un expediente de dominio, sin procedimiento que garantice su derecho. En el 1998 el gobierno de Aznar ampliaba este beneficio, permitiendo inmatricular también lugares de culto.
Gracias a esta permisividad legal la iglesia, en un expolio sin precedentes, ha puesto a su nombre bienes pertenecientes al pueblo por valor de muchos millones: locales, fincas, viviendas, cementerios, iglesias, plazas catedrales…más de 100.000 propiedades en todo el estado.
En el 2017 el Grupo de Inmatriculaciones Asturies, insertado en el colectivo estatal RECUPERANDO ha solicitado el listado completo de los bienes inmatriculados en Asturies, a lo que han sido respondidos con un documento incompleto e incorrecto, el mismo que ha manejado la Consejera hace un mes en el Parlamento, a pesar de contar con un inventario completo y detallado entregado en febrero de 2019 por el Colegio Registradores de Asturies.
Andecha Astur intuye que este secretismo oculta un expolio descomunal de lo que es el patrimonio de todos los asturianos y que, de confirmarse las sospechas, incluiría inmuebles de incalculable valor histórico y arquitectónico, como es el arte prerrománico asturiano.
Por tanto, ante la negativa de la administración autonómica de hacer público este inventario completo y actualizado de los bienes públicos apropiados por la Iglesia Católica, y acogiéndose a la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Pedido, Andecha Astur acaba de presentar ante la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales del “Principado” una carta en la que se reclama que la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del “Principado” lo haga público de inmediato.
Con ello pretenden determinar magnitud del expolio que al parecer ha provocado la iglesia católica al inmatricular a su nombre la práctica totalidad del tesoro arquitectónico del prerrománico asturiano, entre otro inmuebles, una información que, según Andecha Astur, todos los asturianos tienen derecho a conocer.
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