El colectivo de las trabajadoras de los Centros de Día (CD) y Centros Rurales de Atención Diaria (CRAD) de Asturies, dependientes de la consejería de servicios y Bienestar social, son conscientes de estar trabajando con personas de un nivel de riesgo muy alto y exigen una respuesta a la administración ante la difícil situación a la que se enfrentan: Espacios reducidos, EPIs insuficientes e inadecuados y además, dificultades para cumplir los protocolos en casos de contagio, llegando a recolocarse a empleadas de un centro cerrado por contagio a otro sin realizarles siquiera la PCR

En la llamada «segunda ola» de la pandemia han pasado a ser un servicio esencial, altamente demandado y valorado por las familias. Continúan al pie del cañón, pese a la mala calidad y escasa cantidad de los EPIs proporcionados por las empresas, las dificultades inherentes a la propia idiosincracia de las personas a las que atienden y a la complicación de aplicar los protocolos de protección en entornos no habilitados para ello.

El problema surge cuando se detecta un positivo relacionado con un centro; se pone en marcha el protocolo y , en función de las circunstancias, o bien se queda esa persona en casa y se realizan PCRs en su entorno, o bien, cuando el positivo ha convivido con el personal y usuarios, se activa el protocolo y se cierra el centro por precaución, para evitar un brote. En este trabajo, los contactos son casi siempre estrechos y por lo tanto, las cuarentenas necesarias.

Es ahí donde comienzan los problemas.  Un porcentaje importante del personal de los centros de día trabajan para el «Principado» pero a través de una empresa privada, de la que en muchos casos depende en buena medida la posible tramitación de la baja.

Se están dando numerosos casos en los que los médicos se niegan a pedir una PCR y a tramitar la baja, considerando que el uso de mascarilla en el desempeño de su trabajo es garantía suficiente para no considerar estrecho el contacto, y piden informe del servicio de prevención de la empresa, que en la mayoría de los casos no la remite, dejando al trabajador sin PCR, sin poder trabajar y sin baja.

En función del centro se han dado diversas situaciones, dándose el caso de algunos en el que el 10% de las trabajadoras han quedado en este limbo, siendo numerosos los casos de bajas firmadas y después anuladas por informe desfavorable de la empresa. Al no tener la baja esas trabajadoras (insistimos, tras un contacto estrecho con un positivo y sin haber realizado PCR) son asignadas a otros centros para realizar sustituciones o son obligadas a coger vacaciones.

Las trabajadoras exigen un protocolo claro que proteja tanto a personal como usuarios, pruebas a todo el personal implicado en caso de positivo en un centro, realización de cribados para evitar situaciones de riesgo y por supuesto, EPIs en condiciones.

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