El 14% de las carreteras asturianas constituyen «puntos negros» de alto riesgo, dos trabajadores acaban de fallecer por la desidia de una administración que conocía el peligro y lo ignoró deliberadamente y los túneles de las autovías asturianas -incluida la que cobra el paso de los asturianos a la Meseta- lleva más de 16 años sin efectuar las reparaciones que la Unión Europea exige desde hace más de 16 años

No se conocen planes de obra para los túneles ni para ninguno de los muchos puntos de alto riesgo de la red viaria asturiana, incluida la carretera al Puertu Braña, reciente escenario de un trágico accidente en el que perdieron la vida dos trabajadores. En concreto en los túneles faltan ventiladores, las galerías de escape son insuficientes o no están en buenas condiciones, los firmes no son ignífugos, hay que completar y reparar la señalización, además de añadir opacímetros, videovigilancia y demás equipamientos que exige la UE en sus normativa de seguridad aprobada en el 2004 y en su Real Decreto de 2006.

En total, son 24 los túneles de autovía que se deberían haber reformado hace 16 años, y se encuentran en las autovías del Cantábrico (A-8), Ruta la Plata (A-66), la Uviéu-Villaviciosa (A-64), la del suroccidente (A-63) y la autopista del Güerna (AP-66).

Desde los Presupuestos Generales del Estado de 2018 existen fondos consignados para la cuestión, con un desembolso estimado para Asturies que ronda los 50 millones de euros. En ese presupuesto no se incluyen los otros 52 millones necesarios para reformar la Autopista del Güerna, ya que está aún abierto el debate sobre quién deberá hacerse cargo de los costes, Aucalsa, beneficiaria de la misma, o los asturianos que pagan a diario para salir del país; la empresa ya ha dado su veredicto: o pagamos los asturianos a través del Principado o lo hacemos a través de una nueva subida en los peajes de una de las pocas autopistas que aún son de pago en todo el Estado.

Tras la llamada de atención al respecto de la Comisión Europea a finales del año pasado, Fomento contaba con un plazo de dos meses para notificar «las medidas adoptadas para corregir la situación». Cómo no se ha tomado ninguna medida y el último proyecto conocido al respecto data del 2006, una vez transcurrido este plazo entramos en la siguiente fase, es decir, la aprobación de un dictamen motivado,  que vuelve a especificar al Ministerio de Fomento qué túneles debe reformar, una especie de ultimátum previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE con las correspondientes sanciones.

Llucía F. Marqués

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