La denuncia, presentada ante la Fiscalía Superior de Asturies afecta directamente al empresario de la plaza, al ganadero y a dos toreros, pero señala también la responsabilidad política de la alcaldesa de Xixón
Andecha Astur ha presentado recientemente ante la Fiscalía Superior de Asturies una denuncia por presunto delito de odio contra cuatro responsables de la matanza de toros que tuvo lugar en Xixón el 15 de agosto, donde se dio muerte a toros con el nombre de “Nigeriano” y “Feminista”.
Las cuatro personas acusada de supuesto delito de odio son Carlos Zúñiga hijo, gerente y administrador de la empresa Circuitos Taurinos, S.L., que tenía hasta hace poco concedida la gestión de la plaza de toros gijonesa, puesto que perdió precisamente por estos hechos, Daniel Ruiz Yagüe, propietario de la ganadería del mismo nombre, que aportó los seis toros para la corrida del 15 de agosto, Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, matador de toros que se encargó de dar muerte al toro “Nigeriano” y al toro “Feminista” y Julián López Escobar, El Juli, matador de toros que se encargó de dar muerte a otro toro de nombre “Nigeriano”.
Entre los asistentes al violento espectáculo se encontraban Rocío Monasterio, presidenta de Vox Madrid, e Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso español, algo que, unido a la evidente cercanía de varios toreros a posiciones de ultraderecha españolista, evidencia la intencionalidad de los nombres de los toros matados.
El matiz claramente machista y racista d’estos nombres se uniéron a la crueldad ya implícita en el acto mismo de la tauromaquia, generando el rechazo de la sociedad asturiana y aumentando la presión social contra esta tradición española, con la consecuencia directa de la suspensión de la concesión a la empresa taurina. Sin embargo, desde Andecha Astur consideran que eso no es suficiente, ya que «los vergonzosos hechos ocurridos en la matanza de toros del 15 de agosto representan un claro delito de incitación al odio, a la hostilidad, a la discriminación y a la violencia por motivos racistas, por la pertenencia a una etnia, raza o nación, por razones ideológicas y de géneru». El delito de odio está regulado en el artículo 510 del Código Penal y conlleva penas de entre 6 meses y 4 años de cárcel, además de multas.
Así mismo, la organización nacionalista señala también en su denuncia la responsabilidad política que en estos hechos tiene Ana González como alcaldesa de Xixón, quien permitió todos estos años las matanzas de toros en la plaza gijonesa consintiendo que en ella tuviere lugar este llamado público al odio por motivaciones racistas y de discriminación ideológica «La alcaldesa, cómo responsable de la plaza, tiene la responsabilidad de supervisar lo que se hace allí y la obligación de evitar que se escenifiquen públicamente provocaciones fascistas como la que denunciamos».
Nuria Prendes
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